La Cuenta Pública tiene por objeto efectuar una rendición del estado administrativo y político de la Nación ante el Congreso Pleno[i]. Recordemos que el Presidente de la República es Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y cabeza de la Administración[ii]; de modo que cada primero de junio está obligado a rendir cuenta al país sobre lo hecho en los últimos doce meses y anunciar las directrices de los siguientes doce.
En ello, los(las) presidentes adoptan un enfoque que les permite articular un relato y no sólo limitarse a hechos y logros ya alcanzados. El Presidente G. Boric optó en esta Cuenta Pública por ser jefe de Gobierno más que jefe de Estado[iii]. En un escenario legislativo que le ha sido adverso para sus principales proyectos, tales como la reforma tributaria y la reforma de pensiones, el primer mandatario hizo un énfasis en aquellos temas que se estima le permitan administrar la agenda político-legislativa o, al menos, hacerlo parcialmente.
En esta línea encontramos la profundización de las propuestas en seguridad pública, al hacer hincapié en las múltiples leyes aprobadas en un área que hace menos de un año le era muy compleja. Es por ello que anunció el aumento de dotación de Carabineros de Chile en un 30% (sumando 800 nuevas plazas), la modernización de la carrera policial en la PDI, el reemplazo de mil carabineros que realizan actualmente labores civiles, el aumento de las asignaciones por riesgo, la creación del Ministerio de Seguridad, entre otras.
Pero, especialmente, el Presidente quiso dar un golpe de timón a través de la agenda valórica. Dio a conocer el envío de un proyecto de ley para establecer el aborto legal (aborto a plazo) y la regulación de la eutanasia. Esto le ha permitido administrar la agenda pública en estos días (más la gira a Europa de esta semana) a fin de lograr cierta unidad de propósitos en las filas oficialistas, no obstante, ser el aborto un asunto que divide a la sociedad chilena, que fue rechazado en noviembre de 2021 en la cámara de diputados y tuvo una polémica aprobación en la Convención Constitucional en 2022[iv]. Es posible que este proyecto se diluya en los próximos meses porque no cuenta con votos para su aprobación; es un tema que no divide mayormente a la oposición, pues la impronta republicana es fuerte, y se percibió como un asunto que busca fortalecer al bloque oficialista de cara a las elecciones.
El anuncio del Presidente en estos dos temas no le genera ninguna moneda de cambio al Gobierno para alcanzar los acuerdos que necesita en la agenda legislativa en curso. Al contrario, cabría pensar que le genera un problema en sede legislativa porque el Gobierno no está en posición de ceder para pedir algo a cambio. Entonces el sentido de haber hecho un gesto a su base de apoyo para asegurar unidad habla más de un acto de contención en la dilución que de un propósito efectivo en la obtención de algún avance real en sus prioridades.
La agenda regulatoria en el marco de las prioridades de la Cuenta Pública y la agenda pro crecimiento e inversión («fast track» legislativo)
Los temas anteriores son los de mayor impacto a nivel mediático. Ahora bien, fuera de ellos hay un cúmulo de iniciativas que están fuera del radar de los programas de medios de comunicación y redes sociales de mayor impacto.
Para explicarnos bien proponemos la siguiente distinción sobre el estado actual de los temas en tramitación legislativa: diferenciar los proyectos de agenda prioritaria del Gobierno, entre ellos los de mayor impacto mediático y atención de la ciudadanía (reforma tributaria, pensiones y salud), de aquellos proyectos de agenda técnica en el área productiva y económica con menos visibilidad que los anteriores y que se despliegan como una agenda relevante para la inversión y el crecimiento.
Acá se deben conciliar los anuncios del Presidente en su Cuenta Pública con la propuesta de agenda legislativa pro crecimiento económico que dieron a conocer los ministros de Hacienda y de Economía a mediados de mayo[v].
En la Cuenta Pública se expresó la voluntad de seguir avanzando en la digitalización de los permisos sectoriales, actualizar la Ley de Compras Públicas para aumentar las ventas en 300 millones de dólares, aumentar la cartera de obras públicas de aquí al año 2028 en 17 mil 600 millones de dólares, con la finalidad de generar cerca de 48 mil nuevos empleos, e iniciar el camino hacia un acuerdo político para una negociación multinivel. Junto a ello, los anuncios de las carteras económicas (fast track legislativo) hicieron énfasis en cinco aspectos: nueva institucionalidad, integridad pública, permisología, mejor economía y la mejora sectorial[vi].
En nueva institucionalidad se pondrá foco en la creación de la Agencia de Calidad de Políticas Públicas (Boletín 12.100-07), en la creación del Consejo de Infraestructura (Boletín 16800-08) y del Servicio de Auditoría Interna de Gobierno (Boletín 16316-05). La agenda de integridad se radica en las indicaciones al proyecto de “Transparencia 2.0” (Boletín 12.100-07), en las indicaciones al proyecto de integridad en municipios Boletines N°s 4594-06 y 15523-04, refundidos), la creación de un Registro de Beneficiarios Finales (Boletín 16475-05) y el proyecto que establece bases de las transferencias a personas e instituciones privadas (Boletín 16628-05).
En materia de Permisología, el Gobierno ha puesto sus fichas en el proyecto que establece una Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales y modifica cuerpos legales (Boletín 16.566-03) y el Proyecto que modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de fortalecer la institucionalidad ambiental y mejorar su eficiencia (Boletín 16.552-12). A ello se suma el Proyecto que Modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de plazos y sanciones por incumplimiento (Boletín 15534-14 y la Reforma al Sistema Registral (Boletín 12092-07).
En el ámbito de una mejor economía están los proyectos de ley que modifican la ley N° 20.128, sobre responsabilidad fiscal (Boletín 14.615-05), el que dicta normas sobre financiamiento regional, descentralización fiscal y responsabilidad fiscal regional (Boletín 15921-05) (“Regiones más fuertes”) y el de Cumplimiento tributario (Boletín 16621-05). Finalmente, en los proyectos sectoriales se encuentran los proyectos de ley sobre regulación de las desaladoras (Boletín 11608-09), el de Cabotaje (Boletín 14532-15), el de Reactivación del Turismo, las indicaciones al proyecto sobre Concesiones Marítimas y Borde Costero (Boletín 8.467-12) y la indicación sustitutiva Ley de Patrimonio Cultural (Boletín 12712-24).
La urgencia de priorizar para avanzar
¿Qué nos dice todo lo anterior? Lo primero es que al Gobierno le quedan 21 meses de su período, hasta marzo de 2026. Luego, que este año y el próximo son años electorales, por lo que la agenda legislativa prioritaria será foco de disputa política más de lo que ha sido hasta ahora.
La agenda propuesta en la Cuenta Pública se radica principalmente en la gestión interna de los ministerios aludidos. Esto impone mejorar la gestión del aparato burocrático donde el rol de los subsecretarios y jefes de servicio es central. Sobre la agenda prioritaria hay tres cuestiones principales: (i) en el Congreso, las fuerzas oficialistas tienen que tomar una decisión en materia de pensiones, pues o aceptan las reglas de la oposición sobre el destino de la cotización adicional o dan una disputa política en el tema, simbólica. La idea de salvar la dignidad en un derrota con la propuesta 5 – 1, planteada por el Senador Lagos Weber no tuvo eco en el Gobierno; (ii) el pacto fiscal se ha licuado en la agenta técnica, cuestión que, en definitiva, puede ser beneficioso siempre y cuando las carteras económicas no lo releven a un asunto político; (iii) la reforma de salud a presentar en octubre, como invariablemente ha ocurrido, estará cruzada por la pugna técnico-ideológica sobre cuál sea el modelo de salud y el rol de los privados en él. Así, es previsible que los resultados que se logren en la agenda de salud sean un pálido reflejo de las posiciones iniciales del Gobierno anunciadas en su programa, y no es improbable incluso que quede sin llevarse a cabo. A lo anterior se suman las dificultades en la ejecución de la ley de 40 horas y la entrada en vigencia de la Ley Karin sobre acoso laboral, que muestran la tensión entre Gobierno y empresas.
En la agenda de inversión y crecimiento, el Gobierno deberá priorizar para avanzar. No le será posible sacar adelante su propuesta de más de 20 proyectos de ley en un escenario de doble minoría en el Congreso. Juega en favor del Gobierno que las derechas políticas están en una encrucijada. Por un lado, se han ordenado como una oposición dura e inflexible con el Gobierno pero, por otro, son el grupo más interesado (o debería serlo) en sacar adelante una agenda legislativa pro estabilización y crecimiento al visualizar un próximo triunfo presidencial en 2025. En este escenario, los proyectos de permisología general y medioambiental deberían ser aprobados en los meses venideros, pues es la propia oposición la que ha articulado su aprobación en la Cámara de Diputados y el Senado. Central en estos proyectos es dar una unidad y coherencia en sus contenidos y que no terminen teniendo contradicciones entre sí y generando problemas de aplicación e interpretación legal futuras. Por otro lado, un ejemplo interesante en esta línea argumental, es lo ocurrido en materia de energía donde ha se visualizado una cooperación Gobierno-Oposición en pro de los consumidores y que ha dejado satisfecho a gran parte de la industria.
Luego, es importante afirmar la tramitación de los proyectos de responsabilidad fiscal, que buscan determinar una meta explícita de posición financiera neta y la gestión esperada en la política de activos, permitiendo introducir un esquema que permita incurrir en desvíos de las metas cuando las condiciones económicas y sociales lo hagan justificable. El proyecto de cumplimiento tributario que pretende elevar el cumplimiento de las obligaciones tributarias a través de una modernización de la administración tributaria y de los Tribunales Tributarios y Aduaneros. El proyecto de integridad en los municipios, que busca mayor transparencia y probidad en ellos, es en extremo relevante al ser estas entidades los mayores focos de corrupción en el país.
En resumen, en los 21 meses que restan no es viable que el Gobierno consiga aprobar los más de 20 proyectos de ley comprometidos, de modo que debe adoptar un esquema de priorización de su agenda en una combinación entre los proyectos que enfrentan ingentes demandas ciudadanas y aquellos orientados a dejar un escenario regulatorio sano y estabilizado que permita cumplir la finalidad de promover y acelerar la inversión.
[i] Artículo 24 inciso 3º de la Constitución.
[ii] Op. Cit., inciso 1º.
[iii] https://prensa.presidencia.cl/discurso.aspx?id=285231
[iv] Según la última encuesta Cadem un 53% de las personas está de acuerdo en el aborto en 3 causales, un22% está de acuerdo con una ley de aborto libre hasta las 14 semanas y un 10% aprueba una ley de aborto libre sin restricciones ni causales. 15% cree que el aborto debería estar prohibido. Ver: https://cadem.cl/estudios/por-primera-vez-la-aprobacion-del-presidente-boric-no-sube-tras-la-cuenta-publica-y-se-mantiene-en-31-el-61-desaprueba-su-gestion/
[v] https://www.economia.gob.cl/2024/05/13/gobierno-acuerda-con-el-congreso-fast-track-para-apurar-21-proyectos-del-pacto-por-el-crecimiento-economico.htm